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Informe al Congreso de Diputados sobre la Actividad desplegada por las Agencias Estatales durante 2016
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deroga, entre otras, la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. No obstante, conforme a la propia Disposición derogatoria de la Ley 40/2015, se mantendrá en vigor la Ley 28/2006 hasta el 2 de octubre de 2019. A tenor de tales previsiones, se mantiene operativo el mandato de la Disposición adicional primera, punto 3 de esta última Ley, en el sentido de presentar un Informe acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales, y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.
Ahora bien, en el transcurso del mencionado plazo, en la Disposición adicional novena del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se acuerda la disolución de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), organismo al que la Ley 28/2006 encomendaba la presentación anual del Informe referido en el párrafo anterior. Sin embargo, la disolución del organismo no entraña la desaparición de dicha función, ya que, conforme al Real Decreto, las competencias de AEVAL son asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública y ejercidas, en lo tocante al ámbito de la calidad en los servicios, por la Dirección General de Gobernanza Pública.
Es en tal contexto normativo en el que la Dirección General de Gobernanza Pública ha elaborado y presenta este Informe sobre la actividad desplegada por las Agencia Estatales en 2016, partiendo por coherencia conceptual y lógica interna de las premisas inspiradoras de la Ley 28/2006, transitoriamente subsistente.
De acuerdo con la Ley 28/2006 de 18 de julio, de Agencias Estatales, los objetivos que debían caracterizar la actividad de estos organismos se explicitaban como “satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas con el nivel de calidad que en estos momentos la sociedad exige”.
Además la Ley definía el compromiso de los poderes públicos con “la adecuada y eficaz prestación de aquellos servicios públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado”, en este caso mediante “un nuevo enfoque organizativo y funcional de los organismos públicos que tienen encomendados estos servicios”.
Así el informe de las agencias estatales de 2016, persigue de acuerdo con la mencionada Ley 28/2006, de 18 de julio, dos grandes objetivos: La mejora de los servicios prestados a los ciudadanos y la rendición de cuentas y fomento de la transparencia mediante la difusión pública de sus resultados.
En cumplimiento del mandato legal, se presenta el INFORME de AGENCIAS ESTATALES 2016 que ha sido elaborado por la Dirección General de Gobernanza Pública con la colaboración de las Agencias Estatales.